La procuración y administración de justicia en Chihuahua
Fecha/hora de publicación: 31 de mayo de 2026 21:54:24
JUSTICIA SIN ENGRANAJE:
En el sistema penal acusatorio, la justicia no depende de voluntades: depende de reglas, y esas reglas son claras: cuando una audiencia es legalmente solicitada, programada y debidamente notificada, debe ser atendida por todas las partes.
No es una cortesía; Es una obligación procesal.
Cuando esa obligación se incumple de manera deliberada, no solo se afecta un acto procesal: se vulnera el equilibrio del sistema, los derechos de las partes y la propia autoridad del órgano jurisdiccional.
Porque en un modelo adversarial, la lógica es simple: todas las partes deben comparecer y sostener sus posturas en igualdad de condiciones.
IGUALDAD DE ARMAS Y DEBER DE COMPARECENCIA:
El principio de igualdad procesal no admite excepciones.
Si a cualquier persona imputada se le pueden imponer medidas de apremio para garantizar su asistencia, ese mismo principio permite que el órgano jurisdiccional utilice herramientas legales para hacer comparecer a quienes, teniendo una función pública esencial, deciden no cumplir con ella.
No se trata de protagonismos. Se trata de hacer efectivo el proceso.
Y más aún: la inasistencia injustificada no solo impacta al imputado, sino también a la víctima, que queda sin representación en un momento clave del procedimiento.
EL RIESGO DE NORMALIZAR LA ILEGALIDAD
Cuando el incumplimiento se tolera o, peor aún, se justifica desde estructuras de coordinación, el problema deja de ser individual. Se convierte en institucional.
Ahí es donde el sistema se descompone:
cuando se pretende decidir qué audiencias atender y cuáles no
cuando se sustituye la ley por criterios discrecionales
cuando se envía el mensaje de que el cumplimiento es opcional
Ese es el verdadero riesgo: normalizar la ilegalidad bajo el argumento de la práctica.
NI REPRESENTAR, NI GENERALIZAR
También es necesario decirlo con claridad:
Un mal juez no representa al Poder Judicial. Una actuación subordinada a intereses ajenos a la ley no define a la judicatura.
Pero tampoco un Ministerio Público irresponsable, irrespetuoso o renuente a cumplir sus obligaciones representa a la Fiscalía. Ni mucho menos lo hace un esquema de coordinación que tolere o promueva actos de desobediencia.
Las instituciones no son las personas. Y cuando alguien se aparta de la ley, es la persona la que falla.
EL COSTO SOCIAL
La ciudadanía observa.
Y cuando percibe que las instituciones no actúan de forma coordinada, que hay conflictos internos o que las reglas se aplican de manera desigual, lo que se erosiona no es un procedimiento. Es la confianza. Y cuando la confianza se pierde, el sistema entero se debilita.
¿DÓNDE ESTÁ LA COORDINACIÓN?
Los espacios de diálogo institucional no fueron creados para aparentar trabajo conjunto, sino para resolver problemas.
Si estos mecanismos no están funcionando o han sido desplazados por la confrontación pública, entonces la falla es más profunda.
Porque lo que debería resolverse mediante coordinación, termina trasladándose al terreno de la tensión.
UN LLAMADO URGENTE AL ORDEN INSTITUCIONAL
Hoy más que nunca, es necesario hacer un alto.
Si en Chihuahua se ha defendido la legalidad frente a otras instancias, ese mismo compromiso debe exigirse hacia adentro.
No puede haber doble discurso.
Es momento de que quienes encabezan la procuración y administración de justicia:
revisen sus actuaciones
corrijan desviaciones
reafirmen su compromiso con la ley
y restablezcan la coordinación institucional
La justicia no puede fragmentarse.
UN SOLO FRENTE
La delincuencia no espera. Y menos aún se detiene ante conflictos institucionales.
Por eso, el llamado es claro: menos confrontación interna, más coordinación; menos justificaciones, más cumplimiento; menos discurso, más legalidad.
Porque al final, la sociedad no distingue competencias ni responsabilidades.
Solo percibe si hay justicia... o si no la hay.
