Cesar Duarte volverá mas fuerte e inmensamente rico
Fecha/hora de publicación: 06 de mayo de 2021 20:43:27
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversos artículos de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, por lo que diversos ex-servidores públicos como el exgobernador de ese estado, César Duarte, podrán recurrir al amparo para la devolución de propiedades que les fueron aseguradas.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó los conceptos de disposición anticipada, fondo de reserva, monetización y venta anticipada que aprobó el Congreso de Chihuahua.
La Suprema Corte también reguló cuestiones relativas a la administración y transferencia de bienes; los supuestos de procedencia de la venta anticipada; los mecanismos para la disposición o venta de los bienes que son objeto de la acción; la disposición de las tierras ejidales o comunales; el reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido; las cuestiones que debe precisar el juez en las sentencias y resoluciones y la forma en que se cubrirán los gastos generados durante el procedimiento.
El pleno del alto tribunal reiteró que en virtud de la reforma constitucional de 14 de marzo de 2019, se facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de extinción de dominio, por lo que, a partir de su entrada en vigor, las legislaturas locales dejaron de ser competentes para legislar en ese ámbito.
El Congreso de la Unión ya expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En ese sentido, la SCJN determinó que, al legislar en materia de extinción de dominio, el Congreso del Estado de Chihuahua invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Cabe destacar que dicha ley aprobada por el Congreso de Chihuahua fue controvertida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la SCJN mediante una controversia constitucional. Con esa ley, los bienes asegurados a Duarte, como cabezas de ganado y ranchos, pretendían ser subastados preliminarmente por parte del gobierno estatal.
Fuente: La Economista
