Cd. Delicias, Chih. 14 de diciembre de 2018


Diplomado de Auditoría y Contabilidad Gubernamental

Fecha/hora de publicación: 10 de octubre de 2018 12:09:38

Actualmente en México los gobiernos están obligados por ley a transparentar su información financiera, cuentas públicas y el detalle en el uso de los recursos públicos, mientras que los ciudadanos tienen derecho a pedirla sin mediar una justificación del para qué o porqué lo demanda.

La especialista en Contabilidad Pública Laura Olivia Villaseñor Rosales participó en el Modulo II del Diplomado en Auditoría y Contabilidad Gubernamental, celebrado este día en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado.

Ante un grupo muy amplio de socios y personas interesadas en el tema, Laura Olivia Villaseñor dijo que el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental profundiza en torno a los términos de transparencia que deben tener los entes públicos de su información financiera y contenido de la cuenta pública.

Asimismo el Titulo VI de ese mismo documento habla de todas aquellas sanciones a las que se hacen acreedores los servidores públicos por el incumplimiento de los preceptos de transparencia y le da énfasis a las aplicables por hacer omisión a la apertura de la información financiera, así como del contenido de la cuenta pública y el ejercicio de recursos federales, específicamente del Ramo 33 de aportaciones.

Al ser miembro de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores de la Ciudad de México, la contadora Villaseñor contó sus experiencias en los procesos de transparentar por medio del sistema digital la información financiera de los gobiernos y demás organismos públicos.

Expreso que toda la información de los portales de internet es evaluada por instancias a nivel nacional, como lo es el Comité Consultivo, el Consejo Nacional de Armonización Contable y de ahí pasa a la revisión de las Auditorias Superiores de los Estados y de la Nación.

“Luego de esto, de notar incumplimiento, se establecen las observaciones y ese es el primer paso para iniciar un procedimiento de fincamiento de responsabilidades”, expreso Laura Olivia Villaseñor Rosales.

Añadió que la obligación de transparentar la información financiera se maneja dos veces dentro de los causales de sanción y una de ella es calificada como falta grave, con penas de dos a siete años de prisión, si es que no tienen la información publicada en su página de internet.

También existen sanciones económicas establecidas y claras, que se llegan a valuar de entre las 500 500 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que aproximadamente se calculan en un máximo de tres o cuatro millones de pesos.

El derecho a tener acceso a la información del gobierno se consigna desde el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son los ciudadanos los que, haciendo uso de estos conceptos, deben denunciar inmediatamente cualquier omisión a las que incurra el gobierno, mencionó.

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